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FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo

FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo
Considera que limita los derechos de los consumidores y genera un mayor desequilibrio en su relación con los empresarios, al dejar en manos de personal contratado por estos la resolución de los conflictos.

FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo
FACUA.org

España – 24/4/2017

FACUA-Consumidores de Acción rechaza en su totalidad el Anteproyecto de Ley por el que España incorporará a su ordenamiento jurídico la Directiva del Parlamento Europeo 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

La asociación, en las alegaciones que ha presentado al documento, advierte que la norma propuesta no sólo no representa ningún avance en relación con los derechos y garantías de los consumidores ni de su defensa, sino que, por el contrario, limita sus derechos, genera un mayor desequilibrio en las relaciones entre éstos y los empresarios y les pone trabas en el acceso a la justicia.

El Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo plantea, en este sentido, una apuesta clara por los sistemas de resolución alternativa de litigos privados (ADR, por sus siglas en inglés: Alternative Dispute Resolution), que la Directiva 2013/11/UE considera sólo como excepción.

FACUA señala en sus alegaciones que la propia directiva europea establece que el desarrollo de la misma por parte de los diferentes países “debe basarse en los procedimientos de resolución alternativa existentes en los Estados miembros y en el respeto de sus respectivas tradiciones jurídicas”.

A este respecto, la asociación recuerda que en España ya funcionan sistemas arbitrales de consumo de carácter público, tanto autonómicos como locales, creados al amparo de la Ley de 1984 que desarrolla el artículo 51 de la Constitución Española. “De acuerdo a lo establecido en la propia directiva, en un Estado en el que ya funciona un sistema de resolución alternativa de conflictos de acuerdo a una tradición jurídica, la opción que tendría el Gobierno español es impulsar y desarrollar el modelo existente”, se explica en las alegaciones de FACUA.

Las características del sistema público, frente al que propone el Anteproyecto de Ley, son básicamente dos: la gratuitad y la colaboración del sector empresarial y de los consumidores en un plano de igualdad, en el que las instituciones son garantes de la objetividad, imparcialidad e independencia del proceso. Y ninguna de ellas se respeta en el Anteproyecto de Ley.

La propuesta sobre la que trabaja el Gobierno plantea un “pago simbólico” para el acceso a los sistemas ADR, y fija una cuantía máxima de 30 euros, lo que limita el acceso de los consumidores en función de su situación económica (lo que genera desigualdad), además de cargar sobre ellos el coste de unos conflictos generados por los abusos del sector empresarial.

Además, se establecen unas causas de inadmisión de los conflictos en función de la cuantía reclamada: ni menos de 30 euros ni más de 10.000 euros, lo que FACUA considera que es del todo inadmisible, ya que la tutela de un derecho no puede verse limitada por no alcanzar o superar una cuantía determinada.

Por otro lado, la propuesta del Gobierno pone en entredicho la independencia y neutralidad de los sistemas ADR, ya que no puede existir independencia en los sistemas de reclamaciones si las personas decisorias del conflicto están empleadas y retribuidas por el empresario reclamado.

FACUA denuncia que esta norma abre la puerta a la privatización de los ADR, trasladándolos al sector empresarial. Porque, además de lo anterior, renuncia a incrementar el presupuesto y los medios de los sistemas ADR promovidos por organismos públicos, lo que los deja en clara desventaja competitiva frente a los sistemas privados.

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