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FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo

FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo
Considera que limita los derechos de los consumidores y genera un mayor desequilibrio en su relación con los empresarios, al dejar en manos de personal contratado por estos la resolución de los conflictos.

FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo
FACUA.org

España – 24/4/2017

FACUA-Consumidores de Acción rechaza en su totalidad el Anteproyecto de Ley por el que España incorporará a su ordenamiento jurídico la Directiva del Parlamento Europeo 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

La asociación, en las alegaciones que ha presentado al documento, advierte que la norma propuesta no sólo no representa ningún avance en relación con los derechos y garantías de los consumidores ni de su defensa, sino que, por el contrario, limita sus derechos, genera un mayor desequilibrio en las relaciones entre éstos y los empresarios y les pone trabas en el acceso a la justicia.

El Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo plantea, en este sentido, una apuesta clara por los sistemas de resolución alternativa de litigos privados (ADR, por sus siglas en inglés: Alternative Dispute Resolution), que la Directiva 2013/11/UE considera sólo como excepción.

FACUA señala en sus alegaciones que la propia directiva europea establece que el desarrollo de la misma por parte de los diferentes países “debe basarse en los procedimientos de resolución alternativa existentes en los Estados miembros y en el respeto de sus respectivas tradiciones jurídicas”.

A este respecto, la asociación recuerda que en España ya funcionan sistemas arbitrales de consumo de carácter público, tanto autonómicos como locales, creados al amparo de la Ley de 1984 que desarrolla el artículo 51 de la Constitución Española. “De acuerdo a lo establecido en la propia directiva, en un Estado en el que ya funciona un sistema de resolución alternativa de conflictos de acuerdo a una tradición jurídica, la opción que tendría el Gobierno español es impulsar y desarrollar el modelo existente”, se explica en las alegaciones de FACUA.

Las características del sistema público, frente al que propone el Anteproyecto de Ley, son básicamente dos: la gratuitad y la colaboración del sector empresarial y de los consumidores en un plano de igualdad, en el que las instituciones son garantes de la objetividad, imparcialidad e independencia del proceso. Y ninguna de ellas se respeta en el Anteproyecto de Ley.

La propuesta sobre la que trabaja el Gobierno plantea un “pago simbólico” para el acceso a los sistemas ADR, y fija una cuantía máxima de 30 euros, lo que limita el acceso de los consumidores en función de su situación económica (lo que genera desigualdad), además de cargar sobre ellos el coste de unos conflictos generados por los abusos del sector empresarial.

Además, se establecen unas causas de inadmisión de los conflictos en función de la cuantía reclamada: ni menos de 30 euros ni más de 10.000 euros, lo que FACUA considera que es del todo inadmisible, ya que la tutela de un derecho no puede verse limitada por no alcanzar o superar una cuantía determinada.

Por otro lado, la propuesta del Gobierno pone en entredicho la independencia y neutralidad de los sistemas ADR, ya que no puede existir independencia en los sistemas de reclamaciones si las personas decisorias del conflicto están empleadas y retribuidas por el empresario reclamado.

FACUA denuncia que esta norma abre la puerta a la privatización de los ADR, trasladándolos al sector empresarial. Porque, además de lo anterior, renuncia a incrementar el presupuesto y los medios de los sistemas ADR promovidos por organismos públicos, lo que los deja en clara desventaja competitiva frente a los sistemas privados.

Diario de Sevilla

La eficacia de la mediación

La eficacia de la mediación

EN las últimas semanas hemos celebrado el Día Europeo de la Mediación. Un buen momento para destacar la función social de esta vía extrajudicial para la resolución de conflictos. Y es que como afirma la sabiduría popular: “Mejor un buen acuerdo que un mal pleito”. De hecho, la crisis en la que estamos inmersos nos está haciendo retornar a estas formas extrajudiciales que son más económicas y más razonables.

Los gestores administrativos son unos profesionales imparciales, objetivos, neutrales, con una sólida formación y actualización permanente que, a través de una escucha activa de los conflictos que se les plantean, empatía y serenidad, hacen que las personas, las empresas y la Administración depositen su confianza en ellos para resolver determinados desacuerdos.

No se trata de imponer una alternativa a la justicia. No se puede usurpar en ningún momento la función del juez instaurando una justicia light a base de propiciar acuerdos por expertos conocedores de un campo. El papel del mediador es el de “ayudar a ayudarse” a las propias partes, y que a través del diálogo logren tomar decisiones compartidas y beneficiosas para ambos.

La experiencia demuestra que hay alternativas mejores y más rápidas para la resolución de los conflictos que los tribunales, especialmente cuando se desea continuar con una relación posterior entre las partes. La realidad social es mucho más veloz y rica en matices que las respuestas que se pueden dar a través de los juzgados, los cuales además se encuentran sobrecargados por una excesiva judicialización de la vida diaria.

A través de la mediación se facilita, de una forma alternativa y voluntaria, la comunicación entre los implicados, acercándoles a una situación de igualdad en el que ninguno de ellos es más importante que el otro, eliminando las emociones que subyacen en el conflicto e invitándoles a proponer alternativas para resolverlo. Lo esencial es poner el foco en cómo quieren que sea su relación en un futuro, creando un marco donde ellos son los auténticos protagonistas de su proceso, teniendo completa libertad en todo momento para llegar a los acuerdos que más satisfagan a sus intereses, sin que le vengan impuestos por un tercero. Ahí radica uno de los grandes éxitos de la mediación.

De esta forma, además de ayudar a descongestionar los juzgados, la mediación contribuye a inculcar en la sociedad otra serie de valores, otra forma de ver las cosas. No todo enfrentamiento supone que uno tenga que ganar y otro perder, sino que potenciando la puesta en práctica de determinadas conductas como la empatía, es posible una gestión de las discrepancias con diálogo y cooperación.

Los gestores administrativos poseen capacidades e instrumentos eficaces para intervenir en casos de mediación, tratando de positivar los conflictos que llegan hasta los despachos. Además, recoger esta vía en los contratos contribuye a resolver controversias sin necesidad de ir a los tribunales y romper la relación. Debemos tener en cuenta que en el conflicto siempre está presente la solución, solo hace falta hallarla.

Es necesario un esfuerzo colectivo para que la mediación sea un procedimiento implantado y conocido por el conjunto de la sociedad porque, como dice William Ury, “No podemos eliminar el conflicto, pero sí transformar nuestra actitud frente a él”. Nadie mejor que las partes pueden conocer la solución a su problema, no dejéis que otro os la imponga, ¿mediamos?

Más información http://www.diariodesevilla.es/

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Luis Aurelio González Martín, nuevo presidente de GEMME en España.

El pasado 9 de abril tuvo lugar en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid la Asamblea General de la sección española de GEMME con la participación de un total de 29 representantes llegados de toda España.

 

Durante la Asamblea se decidió una profunda renovación de la Junta Directiva.

En primer lugar, Luis Aurelio González Martín fue designado nuevo Presidente de GEMME en España, en sustitución de Lourdes Arastey, además, se decidió reducir  el número de miembros de la Junta Directiva a cinco, con el principal objetivo de agilizar la toma de decisiones y convertirla en un órgano más operativo.

La nueva Junta Directiva de GEMME, desde ahora presidida por Luis Aurelio González, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 29, de Madrid, se completa con los siguientes vocales: Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid; Carmen Guil Román, magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de Arenys de Mar (Barcelona); Pilar López Asensio, magistrada jubilada, ahora ejerciendo como abogada y mediadora; y Silvia Hinojal, abogada y mediadora de Madrid.

 

La Mediación es ya una realidad en España. Para impulsarla definitivamente es necesario el compromiso político de nuestros gobernantes: propugnando la obligatoriedad de la sesión informativa y estableciendo mecanismos para que se garantice la prestación de un servicio de calidad.

afirma Luis Aurelio González Martín, nuevo presidente de GEMME en España.

 

El nuevo presidente de GEMME es un magistrado de Madrid, profundamente comprometido con la Mediación. Forma parte de GEMME desde su constitución en 2007 y durante los últimos años ha ejercido en el grupo como vocal de Relaciones Institucionales.

Actualmente es titular del Juzgado de Primera Instancia nº 29 (Familia), de Madrid y anteriormente fue titular del Juzgado de Primera Instancia nº 73 de la misma ciudad. En este juzgado se desarrolló un proyecto piloto de mediación intrajudicial en la jurisdicción civil que obtuvo en 2011 uno de los Premios a la calidad de la Justicia concedido por el Consejo General del Poder Judicial en la modalidad “Justicia más accesible” y dentro de la categoría “órganos judiciales”.

Luis Aurelio González también ha sido titular en los siguientes juzgados: Cervera de Pisuerga (Palencia), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 9 de Burgos, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Majadahonda (Madrid) y Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Madrid.

Previamente a su actividad judicial ejerció como Abogado y fue Profesor Universitario de Derecho Civil y Mercantil, habiendo dirigido también cursos de postgrado en Escuelas de Práctica Jurídica.  Es tutor de jueces en prácticas en la Escuela Judicial y colabora con el Prácticum de Derecho del CEU y de la Universidad Alfonso X, de Madrid, en convenio con el Consejo General del Poder Judicial.

Nuestros objetivos como asociación son muy claros” –explica Luis Aurelio González Martín– “Continuar con la gran labor emprendida por Lourdes Arastey y conseguir que la mediación se implante como la principal vía de solución de conflictos, no sólo en el mundo judicial, sino también en todos los ámbitos de la vida social y empresarial.”

 

 

Estamos convencidos que estos nombramientos y la labor de GEMME va a ser clave para que las autoridades políticas den un impulso a la mediación en los próximos años.

 

Recibid un cordial saludo.

 

 

Selene Hernández Moreno

CEO AEMAD